Combativo en su última rueda de prensa de esta legislatura que acabará el próximo día 20 a las doce del mediodía –como manda la Constitución americana-, Barack Obama ha asegurado que presentará sus recomendaciones para acabar con la epidemia de violencia armada que hace un mes provocó 27 muertes en Connecticut a finales de esta semana.
Obama se reune esta tarde con su vicepresidente, Joe Biden, quién le entregará un documento con las conclusiones a las que ha llegado tras reunirse durante varias semanas con sectores a favor y en contra del control de armas. Algunas de las propuestas que Biden lleva en la cartera son, por ejemplo, poner en práctica una revisión de antecedentes universal de los compradores de armas, reducir el número de balas de los cargadores y prohibir las armas de asalto. La Casa Blanca es consciente de que las dos últimas anteriores iniciativas le supondrán la oposición frontal de grupos tan poderosos como la Asociación nacional del Rifle (NRA; siglas en inglés) y de parte de los congresistas del Capitolio de Washington.
“La cuestión no es si creemos en la Segunda Enmienda [la que garantiza la posesión y el derecho a portar armas], sino cómo una persona se puede adentrar en una escuela infantil y matar a 27 personas”, ha explicado el presidente, que se ha apresurado a hacer notar que el factor miedo está siendo utilizado por los sectores más radicales. “El problema es que cualquier medida es interpretada como si fuésemos a quitar las armas a los ciudadanos”, ha añadido.
El presidente ha advertido que, dentro de las recomendaciones de Biden, a algunas se llegará a través de legislación y a otras a través del poder ejecutivo que le concede su cargo. “Revisaré todo hoy y como ya he dicho hablaré con más detalle de lo que vamos a hacer a finales de esta semana”.
Obama ha dejado una última frase de recomendación para sus colegas en el Capitolio: “Los miembros del Congreso deberán celebrar un debate y examinar sus conciencias. Si estaban tan tristes como yo por lo ocurrido en Newtown, tendremos que pensar todos en respuestas que dejen la política a un lado".
Precisamente en esa pequeña localidad de Connecticut de 27.000 habitantes nada es igual un mes después de que el joven Adam Lanza asesinara a 20 niños y seis profesoras en la escuela de primaria de Sandy Hook. El drama pesa como una losa entre sus habitantes que estos días han comenzado a reunirse para tratar de sobreponerse a la tragedia y buscar soluciones para recuperar la normalidad y evitar que matanzas como la que ocurrió el pasado 14 de diciembre no se repitan.
Este domingo los padres y parientes de los estudiantes de Sandy Hook mantuvieron una reunión pública en el Instituto de Newtown con residentes y responsables políticos de la comunidad para abordar los cambios que deberían realizarse en la escuela tras la matanza. La disparidad de opiniones entre el más de centenar de asistentes sobre el futuro del colegio es pronunciada. Muchos familiares defienden la necesidad de demoler el centro para borrar el terror al que sus paredes estarán asociadas para siempre. “Sólo quienes tenemos hijos que estuvieron ese día en la escuela sabemos el desasosiego que nos provoca pensar que tienen que volver a revivir ese horror”, coincidieron varios padres durante las reuniones. Otros creen que clausurar la escuela equivaldría claudicar ante el miedo que desató Lanza.
La escuela de primaria de Sandy Hook es el único de los siete centros públicos de Newtown que sigue cerrado tras la masacre perpetrada por Lanza. Los 436 estudiantes que sobrevivieron a la matanza se reincorporaron el pasado 14 de junio a las clases en el colegio Chalk Hill, en la localidad vecina de Monroe. Allí se han recreado las instalaciones de la escuela de Newtown para que los niños acusen lo menos posible el cambio de aula. Sandy Hook sigue siendo el escenario del crimen y únicamente tienen acceso al recinto los miembros de las fuerzas de seguridad encargados de la investigación.
La alcaldesa de la localidad, la republicana de 70 años Patricia Llodra, explicó al final de la reunión que la decisión sobre el destino final de la escuela se tomará en unos meses, tras consultar a otros grupos y miembros de la comunidad, aunque se mostró determinada a que los alumnos regresen a Newtown. “El proceso llevará su tiempo, pero debemos traer a los estudiantes de Sandy Hook a casa”, comentó Llodra. Otros centros escenario de masacres similares, como el instituto de Columbine o la Universidad Virginia Tech también afrontaron debates sobre la necesidad de cerrar sus puertas o mantenerlos en activo. Ambos fueron finalmente reformados. Aún no se ha concretado a cuánto podría ascender la reconstrucción de la escuela de Newtown, pero su alcaldesa la cifra en “varios millones de dólares”.
El futuro del colegio no es el único debate que estos días centra la agenda política en Newtown como consecuencia de la masacre. La seguridad en las aulas y el problema del control de armas se ha convertido en una prioridad para sus dirigentes. A principios de enero, el gobernador de Connecticut, Dannel Malloy, anunció la creación de una comisión para revisar y recomendar cambios en la ley estatal sobre la tenencia y el uso de armas en ese Estado. Un día después, la excongresista Gabrielle Giffords, que en enero de 2011 resultó gravemente herida en un tiroteo en Tucson en el que murieron otras cinco personas, se entrevistó con las familias de las víctimas de Sandy Hook y con la propia Llodra. Durante el encuentro, ambas conversaron sobre la necesidad de introducir cambios en las leyes sobre el control de armas y en abordar de manera directa los problemas relacionados con los enfermos mentales, según recogió el diario USA Today.
Este lunes, en la localidad se ha presentado el grupo Sandy Hook Promise que pretende lanzar un programa para prevenir la violencia en Newtown. El domingo, la familia de Noah Ponzer, uno de los niños que falleció a manos de Lanza en la matanza del 14 de diciembre, envió su propia lista de propuestas a las Fuerzas de Seguridad, entre las que se incluye exigir a los propietarios de armas que las mantengan en un lugar cerrado si residen con enfermos mentales -Lanza sufría síndrome de Asperger y su madre poseía varias pistolas y rifles de asalto, uno de ellos fue el que aquél utilizó para perpetuar la masacre en la escuela- y crear un fondo federal para revisar la seguridad en los colegios.
La responsable de Educación de Newtown, Janet Robinson, también ha instado al Departamento de Policía de la localidad a que mantenga a dos agentes en cada uno de los colegios públicos de la ciudad, una medida que se instauró tras la matanza del pasado 14 de diciembre. “La presencia de la policía en las escuelas provoca en los niños la sensación de que es seguro salir a jugar al patio”, reconoció Robinson. Sin embargo, el Departamento de Educación que ella dirige ha recibido cientos de emails de padres preocupados por la presencia policial y por las medidas de seguridad que vayan a adoptarse en los colegios a largo plazo.
A comienzos del curso escolar, en Newtown los objetivos más acuciantes pasaban por abrir guarderías y por incrementar los cursos especializados en tecnología. Tras la matanza de hace un mes, las prioridades han cambiado en toda la comunidad y también en la agenda del presidente Obama.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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