La llamada crisis de las ONG entre EE UU y Egipto, que situó las relaciones entre ambos países en su punto más bajo de los últimos 25 años, se encuentra ya en vías de resolución. La justicia egipcia ha decidido levantar la prohibición de salir del país a los ciudadanos estadounidenses residentes en Egipto procesados por haber violado la ley que regula el funcionamiento de las ONG, según filtraciones realizadas a varias agencias de prensa.
En el proceso judicial contra varias ONG acusadas de operar en el país sin licencia o de haber recibido financiación extranjera de forma ilegal, 19 de los 43 trabajadores procesados son de nacionalidad estadounidense. De estos, siete se encuentran en Egipto y se han alojado durante las últimas semanas en la embajada de EE UU en El Cairo ante el riesgo de ser arrestados, y la imposibilidad de salir del país. De acuerdo con el código penal, se enfrentan a unas penas de hasta seis años de cárcel.
Si bien los siete empleados de las ONG ya pueden embarcarse en un vuelo comercial en dirección a EEUU, algunas informaciones apuntan a que un avión militar estadounidense estaría dirigiéndose desde una base en Chipre hacia El Cairo para recogerlos. Entre las ONG acusadas, todas ellas especializadas en los procesos de democratización y el respeto a los derechos humanos, se encuentran dos fundaciones vinculadas al Partido Demócrata y al Partido Republicano.
Unas horas antes de la filtración, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, había expresado su confianza en una pronta resolución de la crisis. “Creemos que resolveremos este asunto relativo a las ONG en un futuro próximo. Este es mi mejor pronóstico ahora”, dijo Clinton en una comparecencia en el Capitolio.
Varias voces habían amenazado desde Washington con la posibilidad de suspender la ayuda militar a Egipto, que este año ascenderá a cerca de 1.000 millones de euros, si se proseguía con el juicio. Durante las últimas dos semanas, el jefe del Estado Mayor de EE UU, Martin Dempsey, y una delegación de legisladores liderada por John McCain se desplazaron a El Cairo para presionar a las autoridades egipcias.
En estos momentos, se desconoce si se proseguirá con el juicio, que tras su primera sesión fue aplazado hasta el día 26 de abril, y si las ONG estadounidenses podrán continuar actuando en Egipto. En todo caso, el levantamiento de la prohibición, la principal preocupación del Gobierno de EE UU, sugiere la existencia de un acuerdo entre el Gobierno estadounidense y la Junta Militar egipcia para resolver el conflicto.
La decisión debe interpretarse como una cesión de las autoridades egipcias en una crisis que había experimentado recientemente una escalada, desatando una ola de furor nacionalista en algunos sectores de la sociedad egipcia. La Junta Militar egipcia había respondido a las presiones de Washington asegurando que no podía interferir en la justicia del país, y que se debía respetar su soberanía.
No obstante, el hecho de que los tres jueces encargados de instruir el caso hubieran pedido anteayer la recusación ya apuntaba a la intercesión en este conflicto de la Junta Militar, que pilota el proceso de transición tras la renuncia del exdictador Hosni Mubarak.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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