La narcoguerrilla de Sendero Luminoso ha vuelto a recordar a todos los peruanos, y sobre todo al futuro gobierno, que a pesar de ser pocos son un grave problema. En la víspera de la jornada electoral los senderistas emboscaron a una patrulla militar en la región de Cusco que se dirigía al poblado de Choquepira para realizar tareas de vigilancia en un centro de votación. Tres soldados murieron en el acto y otros dos han fallecido este domingo como consecuencia de sus heridas. Otros cuatro resultaron heridos.
Los ataques en pleno valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), la región más golpeada por el conflicto armado interno que causó casi 70.000 muertos o desaparecidos entre 1980 y 2000, se han intensificado en los últimos años, en proporción al crecimiento de la producción y el tráfico de drogas. Desde 2009, medio centenar de militares y policías han muerto en enfrentamientos con los remanentes del senderismo que, según varios expertos, cuentan con una fuerza de solo entre 300 y 500 combatientes. Eso sí, están cada vez mejor armados. Cuentan incluso con lanzagranadas capaces de derribar helicópteros a baja altura.
El narcotráfico no solo ha extendido sus redes en las zonas de producción de la sierra y la selva peruana, también ha comenzado a penetrar en las instituciones. Durante el año pasado, la prensa peruana reveló que un empresario investigado por lavado de dinero había contribuido con unos 350.000 dólares a la campaña de Lourdes Flores, entonces candidata a la alcaldía de Lima; que otro sujeto acusado de asesinato y lavado se había colado como candidato a una alcaldía en Ucayali; y que el asistente de una parlamentaria había sido detenido con 140 kilos de cocaína.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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