El Congreso de Alabama, en el este de Estados Unidos, aprobó una ley que endurece el trato hacia los inmigrantes indocumentados y es considerada discriminatoria por organizaciones civiles, reportó CNN este viernes.
La legislación fue avalada por la Cámara de Representantes y el Senado estatales, luego de una negociación entre el representante Micky Hammon y el senador Scott Beason, ambos republicanos, de acuerdo con medios locales. Fue enviada al gobernador Robert Bentley, también republicano, para su promulgación y entrada en vigor.
Entre otros aspectos, la ley permite que la policía del estado cuestione sobre su estatus migratorio a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante indocumentado, obliga a los empleadores a corroborar el estatus legal de sus trabajadores mediante el sistema federal E-Verify y sanciona con la pérdida de sus licencias de negocios a aquellos que contraten indocumentados.
También obliga a las escuelas públicas a exigir pruebas de residencia a los estudiantes que deseen inscribirse en ellas y prohíbe la educación universitaria a los estudiantes indocumentados, según la agencia EFE.
El impulso a la legislación —que comenzó a mediados de mayo— forma parte de una tendencia contra la inmigración ilegal que se repite en al menos otras nueve entidades de Estados Unidos. La población de origen hispano en el estado aumentó en 144.8% entre 2000 y 2010, de acuerdo con el Censo del año pasado.
La ley es similar a la polémica SB 1070 de Arizona, que fue promulgada en abril de 2010 pero bloqueada en sus partes más controvertidas por una jueza federal. La gobernadora, Jan Brewer, apeló el fallo judicial argumentando que la norma sólo busca fortalecer la seguridad del estado.
Demandas a la vista
La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) criticó la legislación y llamó al gobierno estatal a vetarla o, de lo contrario, enfrentar demandas en su contra.
“Es nuestra esperanza que el gobernador Robert Bentley vete la iniciativa, salvando a su estado del costoso litigio que representaría defender esta ley en una corte federal. Pero si no lo hace, nos veremos en la corte”, señaló la ACLU en su página web.
La organización civil ya ha desafiado legalmente normas similares en Arizona, Georgia, Utah e Indiana.
“(La ley) es un indignante regreso a la era antes de los derechos civiles, e instamos al gobernador Bentley a que vete este erróneo proyecto de ley”, dijo a EFE Cecilia Wang, directora del Proyecto sobre Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) señala que en Estados Unidos habitan unos 10.8 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos de origen hispano.
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