La empresa encargada por parte de la Agencia Tributaria para asesorar por teléfono a los contribuyentes con sus declaraciones de la Renta está siendo investigada por defraudar 318.000 euros de ayudas de la Unión Europea al empleo que gestionó la Junta de Andalucía. Según revelaron fuentes judiciales, Qualytel Teleservices S.A. es una de las 1.600 firmas que, supuestamente, se beneficiaron de fondos europeos canalizados por la Administración autonómica para contratar a trabajadores que eran despedidos tan pronto como vencía el plazo estipulado para cobrar la ayuda.
El fraude masivo en la gestión de las subvenciones por parte de la Junta, que se remonta a la etapa de Manuel Chaves como presidente andaluz, fue destapado por la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tal y como avanzó ABC.
El escándalo cobra en el caso de Qualytel perfiles inquietantes, puesto que, entre la amplísima cartera de clientes con que cuenta esta compañía especializada en la gestión telemática, está la propia Agencia Tributaria, que le ha encargado el servicio telefónico de la próxima campaña de la Renta, que arrancará en mayo. Este servicio está confirmado en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. Entre sus asiduos clientes se encuentran también bancos y teléfonos como el 112 de emergencia o servicios básicos como Salud Responde contratados por la Junta de Andalucía, bajo cuya gestión se cometieron las irregularidades.
Consulta de contribuyentes
Al margen de las responsabilidades que se deriven de la investigación, que se lleva a cabo con gran secretismo, Qualytel Teleservices ya ha comenzado a seleccionar al personal —estudiantes universitarios y licenciados en Económicas, según reza su oferta laboral— que atenderán, desde sus plataformas de telemárketing repartidas por toda España, miles de dudas de los contribuyentes y se hará cargo, además, de confirmar, rectificar y confeccionar los borradores de las declaraciones de la Renta.
Según se desprende de las primeras pesquisas, la envergadura económica podría superar el escándalo financiero de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que tuvo su origen en el caso de las supuestas comisiones ilegales de Mercasevilla. Sólo desde el año 2009 el importe total de las ayudas concedidas por la Junta que están bajo sospecha se eleva a 25 millones de euros.
Qualytel, que cuenta con una plantilla de 6.500 trabajadores, ya ha trabajado en anteriores campañas de la Renta con la Agencia Tributaria. Gracias a contratos como éste, en el año 2006 escaló al cuarto puesto del sector de gestión telemática a nivel nacional, con un ritmo de crecimiento del 30 por ciento anual. Sus servicios para administraciones abarcan el teléfono de 24 horas o el de emergencias de Andalucía y Cataluña.
La Junta, entre sus clientes
Entre sus clientes preferentes se encuentra, de hecho, la Junta de Andalucía, que encargó a este «call center» la gestión de servicio telefónico de Salud Responde, así como la línea que asesora a las mujeres en casos de malos tratos (teléfono 016).
De hecho, según corroboran desde el sindicato Comisiones Obreras, la filial regional de Qualytel gestiona los mencionados servicios, así como el Teléfono del Menor y parte de las líneas del 061 y el 112 en las provincias de Almería, Jaén, Málaga y Granada.
Las relaciones entre el Gobierno andaluz y la firma trascienden lo puramente mercantil, puesto que quien era su directivo (consejero y secretario) hasta el 18 de marzo pasado, Antonio Falcón Romero, ocupó un alto cargo en la Junta hace años como director general de Política Interior del Gobierno andaluz y se hizo cargo del comisionado para la Droga.
Fuentes de la Fiscalía de Cádiz señalaron que es el juzgado de lo penal número tres de Cádiz el que lleva la investigación del presunto fraude cometido por esta empresa.
El origen de las investigaciones de la Guardia Civil, que ha detectado casos en todas las provincias andaluzas, se situó en Cádiz, donde se localizaron unas 500 empresas que podrían haber cometido irregularidades en la gestión de estas ayudas y ello sin contar el Campo de Gibraltar.
Sin embargo, la cantidad de dinero presuntamente defraudada por algunas de estas empresas no llegaba al mínimo exigido por la ley para ser constitutivas de un delito penal, condición que sí se cumplía en el caso de Qualytel, donde se podían haber defraudado unos 318.000 euros, por lo que está siendo investigada por el Juzgado de lo Penal tres de Cádiz.
Tal como publicó ABC, el «modus operandi» del fraude consistía en que una empresa se ponía en contacto con el organismo correspondiente de la Junta y contrataba a varias personas y, a cambio, recibía la subvención estipulada. Entonces, el empresario daba de alta en la Seguridad Social a estos trabajadores, aunque sólo durante el tiempo necesario para cobrar la ayuda, momento en el que los despedía, obteniendo así un considerable beneficio.
En Qualytel, según señalan desde el sindicato Comisiones Obreras, la precariedad en el empleo era la norma, ya que la mayoría de sus trabajadores eran despedidos a los pocos meses de ser contratados. De hecho, la firma despidió en el año 2009 a más de 200 trabajadores amparándose en la rescisión de contratos de empresas con esta teleoperadora.
El asunto terminó con una sentencia del TSJA que confirmó otra de un juzgado jerezano que declaró improcedentes los ceses.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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